CASO PENTA: fiscalía pide 4 años de cárcel y multas para GOLBORNE Y ZALAQUETT

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La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó el miércoles en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago una nueva acusación en el caso Penta, esta vez contra 22 personas naturales y cuatro personas jurídicas. 

Se incluyen el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, y el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, para quienes la fiscalía pide una pena de 4 años de cárcel por delitos tributarios, más el pago de multas de 40 UTA, equivalentes a $23 millones, aproximadamente.

La información aparece este jueves en El Mercurio, que destaca que esta acusación se presenta a cuatro años de iniciada esta indagatoria que destapó el financiamiento ilegal de la política en Chile. También consigna que los principales imputados, los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, así como el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, fueron condenados en julio pasado en un procedimiento abreviado.

La asesora del ex jefe comunal Carmen Luz de Castro arriesga 3 años y un día, más una multa de 20 UTA. Mientras que el exdiputado UDI Felipe de Mussy, de 541 días, por idénticos ilícitos.

En el caso de las esposas de los dueños de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, la fiscalía pide 4 años de presidio como autoras de delitos tributarios en carácter reiterado más el pago de 40 UTA. 

A su vez, el ex gerente de Bancard Santiago Valdés -respecto de quien el tribunal martes pasado rechazó su sobreseimiento definitivo de la causa- arriesga también 4 años de presidio menor en su grado máximo, 40 UTA y el pago de 300% del valor del tributo eludido por delitos tributarios.

En caso de haber juicio oral, la fiscalía pidió, además, citar 185 testigos a la instancia judicial, entre ellos al Presidente Sebastián Piñera, “quien depondrá sobre los hechos materia de la acusación” en relación con Santiago Valdés.

En la acusación, además, la fiscalía formuló cargos contra cuatro personas jurídicas. Para Empresas Penta S.A.Inversiones Penta III Ltda.Challico y Santa Sarella, estas dos últimas pertenecían al fallecido exgerente general de Penta Hugo Bravo.

Los persecutores piden 4 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado en su grado mínimo, y 3 años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales y 10.000 UTM de multa a beneficio fiscal en su grado medio, lo que corresponde a unos $480 millones, y accesorias del artículo 13 de la Ley Nº 20.393. Todo esto respecto de cada una de ellas.

También aparecen en la nómina Tomás Carrasco, dueño de las empresas Siglo y VSA Ltda., respecto de quien la fiscalía pidió una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más el pago de multas, como autor de delitos tributarios.

Por el mismo ilícito se pide igual pena para el exgerente de contabilidad de Penta Marcos Castro, respecto de quien la fiscalía, por el delito de soborno, solicitó la pena de otros 2 años de reclusión menor en su grado medio y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos. 

En todo caso, la acusación no impide que los imputados con su situación procesal pendiente y cuya pena lo permite puedan arribar a algún acuerdo con el Ministerio Público que les evite ir a juicio oral. Así se afirmó hace algunos días desde el mismo organismo de persecución penal.

En el mismo documento, la fiscalía solicita al tribunal fijar una audiencia para comunicar que no perseverará respecto del delito de lavado de dinero en relación con Marcos Castro. Tampoco lo hará respecto de Tomás Carrasco, por el delito tributario por la facilitación de facturas falsas emitidas por Asesorías VSA Ltda., a las sociedades Saden S.A. y Centro de Servicios Compartidos Banmédica.

Hacia el final del documento, la fiscalía consigna, además, que “el Ministerio Público se hará cargo del pago de los gastos que irrogue la concurrencia al juicio oral a los testigos señalados en lo principal de esta acusación, que no sean funcionarios públicos, por concepto de traslado, alimentación y alojamiento en caso necesario, como a la indemnización por pérdida de ingresos o remuneración de acuerdo con los montos reglamentarios”.golborne-aton-696x464

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