Gobierno se querella contra líder de pescadores y otros 21 activistas en Aysén

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Un total de 22 activistas individualizó ayer el gobierno en su querella invocando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, a raíz de los últimos hechos de violencia en Aysén.

La acción, que además iba dirigida genéricamente contra quienes resulten responsables, fue materializada cerca de las 14 horas en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, por una abogada de la intendencia.

Ayer, durante una visita a una comisaría en Viña del Mar, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales”.

Las palabras del ministro buscaba diferenciar el papel de aquellos que han adoptado posturas pacíficas y lideran el Movimiento Social por Aysén.

La querella -sin embargo- iba dirigida contra el dirigente de los pescadores artesanales, Honorino Angulo Mansilla, conocido como uno de los líderes radicales. En el gobierno destacaron que Angulo no ha participado de la mesa de negociaciones y ha entrado en conflicto con otros dirigentes más moderados del movimiento.

Hinzpeter ayer pidió la intervención del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, “en contra de personas extraordinariamente violentas”, que a juicio del Ejecutivo han estado detrás de “actos de incendios, bombas molotov y apedreamientos a un avión, que son hechos muy graves”. Sin embargo, el ministro insistió que los canales de diálogo siguen abiertos con aquellos dirigentes pacíficos.

No obstante, la ofensiva del Ejecutivo quedó en suspenso, ya que el juez de Letras y Garantía de Puerto Aysén, Juan Patricio Silva, pidió una diligencia previa antes de resolver si acoge a tramitación la querella presentada por el gobierno.

En su decisión, el magistrado concede tres días para que el gobierno presente el original o la copia autorizada del decreto de nombramiento del ministro del Interior. Este documento, a juicio del juez, era fundamental en vista de que las investigaciones amparadas en la Ley de Seguridad del Estado -que endurece la aplicación de penas-, básicamente, sólo pueden ser iniciadas por solicitud del Ministerio del Interior.

La medida del magistrado obligó la réplica del gobierno. “Atendida la inusitada resolución del Juez de Puerto Aysén, que ha puesto en duda que don Rodrigo Hinzpeter sea efectivamente ministro… el ministro del Interior enviará a Aysén en las próximas horas el decreto de nombramiento original que se encuentra enmarcado y colgado en su despacho de La Moneda”.

El vocero del Movimiento Social por la región, Iván Fuentes, calificó la decisión del gobierno como “un triste final”, y anunció que apoyará a los requeridos. “Dimos muchas señales al gobierno, pero nunca dimensionaron la magnitud del problema”, remató el dirigente.

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