Formalizan a concejal y consejero regional por presunta inscripción irregular de viviendas

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Por los delitos de falsificación de instrumento público y celebración de contratos simulados, fueron formalizados este martes en el Juzgado de Garantía de Iquique el concejal F.A.L (IND pro UDI) el consejero regional (UDI) J.Y.S., el empresario A.S.Q. y el actuario del Juzgado de Policía Local de Alto Hospicio, N.M.L.

«Utilizaban a extranjeros irregulares, entre ellos la propia asesora del hogar del concejal, (mediante documentos falsos) los hacían suscribir inmuebles a su nombre -ya incritos en el Conservador de Bienes Raíces- y luego les pagaban una suma de dinero y los hacían retornar para impedir o evitar que los dueños restituyeran sus viviendas», explicó Enzo Morales, uno de los querellantes.

Morales añadió que el modus operandi se reprodujo con «cuatro inmuebles, por lo tanto el delito adquiere el carácter de reiterado. Es una investigación larga que fue denunciada por los propios afectados.

El abogado representa Ema Camacho «quien es una señora humilde a la cual se le despojó de su única herencia y se encuentra protegida por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía porque ha sido intimidada por esta banda delictual«, sostuvo Morales.

Concejal acusa «plan de sabotaje»

En su defensa, el concejal F.A.L. dijo que  «este es un tema entre privados que se ha traído injustamente a la sede penal. Vamos a colaborar con la justicia porque queremos acreditar que estos hechos son falsos y estamos claros quienes están detrás de todo esto, los mismos abogados de siempre Enzo Morales y Matías Ramírez».

«Hoy se sabe que hay una encuesta en la cual el único candidato capaz de ganarle a Mauricio Soria (actual alcalde de Iquique) es F.A.L. y se ha generado todo un plan de sabotaje… Lo lógico es matar la figura de este concejal.

El core imputado añadió que «el electorado se tiene que mantener tranquilo porque son sucesos que ocurrieron cuando no éramos autoridades. Esto es un sabotaje político que estos abogados permanentemente hacen».

El Tribunal concedió las medidas cautelares de arraigo nacional y la firma bimensual para los cuatro imputados por el plazo de 180 días, tiempo en el que el Ministerio Público y el abogado querellante, buscarán acreditar más inmuebles involucrados, incluso fiscales.