Gobierno decide suspender consulta indígena por 15 días y estima cancelarla de manera definitiva

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El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, firmó ayer una resolución exenta, que no necesita ser aprobada por la Contraloría, para suspender la consulta indígena por 15 días y que será renovada dos veces más, hasta cumplir los 45.

La medida se concretó en medio de las diversas críticas hacia la iniciativa tanto por pueblos originarios como por partidos políticos.

A ello «se sumaron los hechos de violencia en varias zonas del país, entre ellas, en San Bernardo, Collipulli y Tirúa, que no permitieron poder concretar con éxito la consulta. De hecho, de 139 talleres del proceso, solo en 79 se pudo hacer», dice el rotativo. Así, por primera vez el Ejecutivo «no sólo decide suspender la consulta indígena, sino que, además, plantea la opción de cancelarla definitivamente si es que -luego de que transcurran los días de análisis- ratifican que hay una falta de ‘representatividad'».

El jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Arenas, señaló al medio que verán «si hay esa disposición en los principales dirigentes indígenas para ver si continuamos o no después de los 45 días o derechamente la suspendemos, la dejamos sin efecto y el día de mañana comenzaremos otro proceso».

Respecto a los temas de discusión de la consulta, afirmó que «lo primero que vamos a ver es cómo reducimos la lista de los temas a discutir, 11 es demasiado, por lo tanto, vamos a reformular esas propuestas». A partir de eso, «vamos a tratar de estudiar en terreno la factibilidad de que estas se puedan desarrollar de buena fe (…) el convenio de la OIT pide un ambiente que tiene que ser de buena fe, de diálogo y, especialmente, tiene que hacerse con el espíritu de llegar a acuerdos.

Y, por supuesto, cuando hay violencia y un rechazo tan grande de sectores, seguir con la consulta hubiese sido un ejercicio voluntarista que no iba a cumplir con los estándares del Convenio 169, porque se iba a ver como una imposición del gobierno a forzar una discusión porque las comunidades no querían», añadió Arenas.

Fuente: EMOL

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