Mediante un comunicado, Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indicaron que desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas de personas que “ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron las expertas, en alusión a los comicios del 28 de julio.
“Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas”, enfatizaron, agregando que “las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”.
“Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, denunciaron.
En el comunicado, las expertas remarcaron que “es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”.
“El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos (…) También se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida”, precisaron.
En ese sentido, llamaron al régimen de Nicolás Maduro a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada, pidiendo además que entregue información sobre el paradero de las personas actualmente detenidas e incomunicadas por el Estado.
A su vez, exigieron que se les ofrezca todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección “y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención”.
Los comicios presidenciales de Venezuela han estado marcados por los problemas que tuvieron los líderes de la oposición para inscribir sus candidaturas.